Desde el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires se han expresado manifestaciones de apoyo a la iniciativa pero advirtieron que este esquema sólo puede desarrollarse si respeta la normativa vigente, si se cuenta con proyectos elaborados y dirigidos por profesionales Ingenieros matriculados en la Provincia, ya que de lo contrario podría derivar en problemas de manejos hídricos, ambientales y estructurales, pudiendo generar perjuicios a terceros e incluso responsabilidades legales para los propietarios y los municipios que los autoricen

El presidente del Colegio de Ingenieros bonaerense, Jorge O. Castellano, sostuvo que la participación del sector privado para financiar infraestructura puede ser una alternativa válida frente a la escasez de recursos públicos, pero remarcó que "el voluntarismo no puede reemplazar al conocimiento técnico".

"Nos parece una oportunidad interesante que quienes pueden afrontar el costo de obras de infraestructura vecinales colaboren con su financiamiento. Pero esta posibilidad debe ser llevada a cabo con planificación, cumpliendo los procedimientos que establecen la normativa técnica y legislación vigente", explicó.

Riesgos para terceros

Uno de los principales puntos de preocupación del Colegio pasa por las consecuencias que puede generar una intervención incorrecta sobre un camino rural.

Modificar cunetas, alterar pendientes, modificar perfiles o cambiar el escurrimiento natural del agua puede afectar no solamente al establecimiento donde se realiza la obra, sino también a campos vecinos ubicados aguas arriba o aguas abajo.

Según explicó Castellano, la construcción o el mantenimiento de un camino rural requiere analizar previamente el funcionamiento de las cuencas hídricas, la ubicación de alcantarillas, los cruces de cursos de agua, las características del suelo y el nivel de exigencia que tendrá cada traza.

"No todos los caminos tienen las mismas necesidades. No es igual un acceso para un establecimiento tambero que necesita transitabilidad diaria que un camino destinado a una explotación ganadera o agrícola. Cada caso requiere un proyecto específico del tratamiento a aplicar y de su planialtimetría", afirmó.

La normativa sigue vigente

Desde el Colegio también recordaron que la Provincia de Buenos Aires ya cuenta con un marco normativo que regula este tipo de obras, independientemente de quién aporte el financiamiento.

Castellano mencionó que la Ordenanza General 165/73 establece la necesidad de realizar los estudios previos, presentar los proyectos correspondientes, contar con la dirección de profesionales habilitados y obtener las aprobaciones técnicas y administrativas antes del inicio de cualquier intervención.

En ese sentido, advirtió que el hecho de que una cooperativa de productores o un consorcio rural financie una obra no elimina las obligaciones legales que deben cumplir tanto los propietarios, como los ejecutores y las autoridades estatales.

" No es posible presentar una idea hoy para ejecutarla mañana. Hay procedimientos que deben respetarse porque son previsiones que existen justamente para evitar daños posteriores", señaló.

El riesgo de repetir errores

Para el titular del Colegio de Ingenieros, uno de los mayores peligros sería reproducir las prácticas que históricamente demostraron ser insuficientes para mantener la red vial rural.

"Si se sigue creyendo que mantener un camino de tierra consiste únicamente en pasar la motoniveladora y volver a emparejar la superficie, se seguirán malgastando recursos en maquillajes que duran muy poco y que incluso pueden agravar problemas de hidráulicos que afecten aún más la transitabilidad", sostuvo.

En ese sentido, explicó que un camino rural debe formar parte de una planificación integral que garantice que se encuentren contempladas en el proyecto las variables que certifican la calidad de su construcción como la facilidad de su mantenimiento futuro, priorizando de esta forma la durabilidad de la intervención que maximiza el aprovechamiento de la inversión.

Municipios bajo la lupa

La advertencia también alcanza a los gobiernos locales que evalúan autorizar este tipo de iniciativas.

Según el Colegio de Ingenieros, la participación de los productores será una herramienta útil para ampliar la inversión en infraestructura, pero si la autoridades de aplicación, que son los municipios, exigen en la totalidad del proceso la presencia de profesionales de la Ingeniería que puedan velar por el cumplimiento de la normativa, garantizando que las obras sean proyectadas y ejecutadas de manera competente.

De lo contrario, además de malgastar recursos de los propietarios podrían comprometer la calidad de los trabajos por afectaciones hidráulicas o ambientales derivadas de intervenciones realizadas sin los estudios correspondientes llevados a cabo por profesionales formados y habilitados para ello.

Una alternativa posible, pero con planificación

Lejos de rechazar el esquema de financiamiento privado, desde el Colegio consideran que puede convertirse en una oportunidad para liberar recursos públicos para poder destinarlos a ejecutar obras y mejoras en aquellos sectores que no cuentan con capacidad económica para afrontar este tipo de inversiones.

No obstante, remarcaron que el éxito del modelo dependerá de incorporar aquello que muchas veces faltó en las obras públicas tradicionales: excelente planificación técnica, rigurosos estudios previos, confección de proyectos adecuados adecuados a la situación hídrica y de tránsito con una dirección profesional comprometida y de calidad.

"La participación privada será una solución duradera y necesaria frente a la falta de recursos si se lleva a cabo con criterio, porque para obtener resultados diferentes hay que hacer las cosas de manera diferente. Financiar una obra no alcanza; también hay que ejecutarla con criterios de ingeniería y dentro del marco legal vigente", concluyó Castellano.

Prensa Colegio de Ingenieros de PBA